Promotora de Cantoria debe indemnizar a compradores de casas ilegales que serán derribadas.

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La construcción en no urbanizable de los inmuebles, adquiridos de buena fe, llevó a la inhabilitación del exalcalde.

Se procederá a demoler dos viviendas unifamiliares propiedad de ciudadanos británicos construidas en suelo no urbanizable en el paraje Las Terreras, en Cantoria (Almería), en ejecución de la sentencia de la Audiencia Provincial que inhabilitó y obligó a dejar el cargo al exalcalde, Pedro Llamas.

Se trata de las dos edificaciones cuyo derribo ya fue paralizado por el Ayuntamiento de Cantoria en octubre de 2013 después de que si se llevase a cabo la demolición de otras dos, levantadas en el mismo tiempo y por idéntico promotor en la parcela colindante, en cumplimiento de la misma sentencia.

La notificación remitida al Ayuntamiento de Cantoria, consultada por Europa Press, fija para el día 18, a las 12,00 horas, la demolición de los inmuebles, cuyo coste corre a cargo del promotor, también condenado, y cita al Consitorio a una reunión previa para coordinar la actuación.

Las dos viviendas unifamiliares, según remarcó en su sentencia de mayo de 2012 el tribunal de la Sección Segunda, fueron vendidas, mediante contrato privado que fue elevado a escritura pública, a residentes ingleses “que desconocían cual era la situación” de dichos inmuebles.

En la notificación, la Dirección General de Urbanismo de la Consejería andaluza de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio comunica que da cumplimiento a una providencia de 2 de julio de 2014 de la Audiencia que “interesa de forma expresa” que se “proceda a ejecutar la demolición, o en su defecto, comunique al tribunal las causas que lo impiden”.

Cabe recordar que el Ayuntamiento paralizó el derribo y resolvió que se incoara a un expediente administrativo sancionador contra la Junta de Andalucía por la demolición de las otras dos edificaciones hace tres días al alegar que no constaba la existencia de un “documento técnico de derribo” que garantizase “la seguridad” tanto de operarios como transeúntes ni una “declaración de innecesariedad de licencia” municipal para esta actuación.

La Junta de Andalucía había ejecutado subsidiariamente tres días antes el derribo de dos de las cuatro casas tras darle dos meses de plazo a los dueños de los inmuebles dos meses de plaza para retirar enseres y pertenencias.

La actuación provocó la movilización de la Asociación Abusos Urbanísticos Almanzora-No, que agrupa a residentes cuyas viviendas fueron construidas fuera de ordenación, y la Diputación Provincial de Almería, a través de su vicepresidente Javier Aureliano García, lamentó que Patronato Provincial de Turismo recibiese llamadas de touroperadores “quejándose de la imagen que se está dando de Almería”.

El exalcalde de Cantoria está condenado a dos años de cárcel y 23 meses de inhabilitación para empleo o cargo público por faltar a la verdad en un escrito “con sello oficial” del Ayuntamiento remitido a la Policía Autonómica, en el que negaba haber dado autorización para el suministro de luz y agua a esta promoción de cuatro viviendas construidas en no urbanizable y por no denunciar estas edificaciones ni incoar ningún expediente sancionador ni de restauración de la legalidad.

En la sentencia, la Sección Segunda acordaba el derribo de lo construido y dictamino que los cuatro matrimonios británicos perjudicados debían ser indemnizados por el promotor con el precio pagado y gastos satisfechos por la compra de la vivienda aunque no fijaba la cuantía y emplazaba a la ejecución.

Última hora:

El abogado de las familias británicas cuyas viviendas ilegales van a ser demolidas el día 18 en el paraje Las Terreras de Cantoria (Almería) ha anunciado este jueves que va a solicitar la paralización del derribo hasta que no se satisfagan a sus representados las indemnizaciones por un importe total de más de 789.000 euros fijadas en vía judicial.

El letrado Alejandro Navarro ha indicado a Europa Press que, en su escrito, van a alegar ante la administración la concurrencia de “razones humanitarias” ya que los perjudicados se han quedado “sin residencia” y, en más de un caso, “vendieron su patrimonio” en Reino Unido, por lo que viven “bien con familiares, bien en régimen de alquiler”.

Al hilo de esto, ha indicado que la situación de sus patrocinados ante la demolición de sus propiedades es en la actualidad “delicada” ya que las circunstancias apuntan a que es “complicado que puedan cobrar” ya que, según ha explicado, la sentencia solo señala como responsable civil al constructor, quien fue condenado como autor de un delito contra la ordenación del territorio a 11 meses de cárcel e inhabilitación especial para profesión u oficio de promotor por otros seis meses.

Las dos viviendas unifamiliares, según remarcó en su sentencia de mayo de 2012 el tribunal de la Sección Segunda, fueron vendidas, mediante contrato privado que fue elevado a escritura pública, a residentes ingleses “que desconocían cual era la situación” de dichos inmuebles, construidos sin licencia municipal de obras sobre suelo no urbanizable.

Fuente: Europa Press