La Guardia Civil alertó en 2003 del inicio de las viviendas ilegales en Cantoria y el exalcalde miró para otro lado.

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José Manuel Ortiz, delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, ha mostrado su “perplejidad e indignación” a la vista de las declaraciones y actuaciones del alcalde de Cantoria, a propósito de la demolición de dos viviendas ilegales, ayer, en dicho municipio. El delegado de la Junta, que dice entender y compartir “el dolor y la indignación de los propietarios de dichos inmuebles, que los adquirieron de buena fe”, critica la actitud de quienes “tanto por omisión como por acción, no hicieron nada por evitar que se haya llegado a esta situación, y ahora, en lugar de pedir perdón y dar explicaciones, en un intento por confundir a la opinión pública y obtener beneficios políticos, culpan a los demás”.

El delegado de la Junta asegura que “además del promotor, el principal responsable de que se haya llegado a esta lamentable situación fue el Ayuntamiento de Cantoria, que en lugar de actuar en un primer momento para evitar unas construcciones ilegales, cuando aún estaba a tiempo, miró para otro lado”. Y es que, según recuerda José Manuel Ortiz, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil ya denunció en 2003 ante la Jurisdicción Penal un posible delito contra la ordenación del territorio por la roturación y el desmonte de terreno forestal sin autorización, denuncia por la que la Delegación de Medio Ambiente impuso una multa al promotor, así como la obligación de reponer el suelo a su estado anterior.

En 2004, con las viviendas aun en ejecución, la Junta requirió al Ayuntamiento para que ordenase la suspensión de las obras, ejerciera sus competencias y restableciera la legalidad, “pero no sólo no suspendió las obras y ejerció dichas competencias –que le son propias-, sino que incluso una vez finalizadas autorizó el suministro de energía eléctrica y agua a las viviendas, hechos por los que la Audiencia Provincial de Almería condenó al entonces alcalde de Cantoria como autor de un delito de omisión del deber de perseguir delitos y otro de falsedad documental”.

“Si el Ayuntamiento hubiera actuado desde el primer momento conforme a la Ley”, advierte José Manuel Ortiz, “las obras no se habrían culminado y hoy no estaríamos lamentando la demolición de estas viviendas, demolición que de acuerdo con las resoluciones administrativas y una sentencia judicial firmes tendrían que haber asumido el promotor o, en su caso, el Ayuntamiento”. Sin embargo, según el delegado, a la vista de que ni el promotor ni el Consistorio han acatado dichas resoluciones concordantes (la judicial y la administrativa), la Junta de Andalucía, en el ejercicio de competencias subsidiarias, de forma también subsidiaria, ha ejecutado la demolición por incumplimiento de quienes estaban obligados a ello”.