La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha sacado a concurso público, por un importe total de 3,8 millones de euros las obras, para la construcción de ocho puntos limpios de recogida de residuos sólidos urbanos en sendos municipios andaluces. En concreto, estas infraestructuras se construirán en las localidades de Huércal-Overa, en la provincia de Almería; Alcalá de Los Gazules y Tarifa, en Cádiz; Doña Mencía, en Córdoba; Albolote, en Granada; Bonares, en Huelva; y Aznalcóllar y San José de la Rinconada, en Sevilla. Estos puntos limpios beneficiarán a una población de 115.750 habitantes, que generan anualmente alrededor de 18.103 toneladas de residuos específicos.

Con esta iniciativa, que generará unos 14.600 jornales, la Junta de Andalucía pretende dotar a estas localidades de una adecuada infraestructura para la gestión de los residuos urbanos.

Los Puntos limpios son lugares acondicionados convenientemente para la recepción y acopio de residuos domésticos aportados por particulares y que no deben ser depositados en los contenedores habituales situados en la vía pública. Las instalaciones de recogida selectiva y específicos están dotadas de viales, áreas de carga y descarga, contenedores para específicos y cerramiento perimetral.

En concreto, los puntos limpios que se van a instalar en estos ocho municipios andaluces estarán preparados para recibir residuos de aceites usados, pilas, material de fotografía y radiografías, mobiliario y madera, escombros, material eléctrico y electrónico, fluorescentes, textiles, entre otros. La construcción de estas infraestructuras, que se enmarcan dentro del Plan Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucía, se financiarán en parte con Fondos de Cohesión y Fondos Feder.

Puntos limpios

Los puntos limpios son elementos claves para el desarrollo de la normativa que regula la gestión de los aparatos y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Mediante esta disposición la Junta pretende potenciar su recogida selectiva, fomentar la creación de grupos de gestión autorizados e intensificar la construcción de infraestructuras para su tratamiento.

La normativa comunitaria impone a los países miembros la obligación de tratar adecuadamente los residuos, por lo que es necesario la implantación de instalaciones de tratamiento o de recuperación de los productos reutilizables; así como de puntos limpios, plantas de transferencia y centros de acondicionamiento.

Por su parte, la Ley autonómica de Gestión de la Calidad Ambiental tiene como prioridad la reducción de la producción de los residuos en origen, la reutilización y el reciclaje. El destino final de las basuras deberá orientarse a su valorización, fomentando la recuperación de los materiales y depositando los residuos en vertederos cuando no existan otras alternativas viables. Según esta norma autonómica, los municipios deben disponer de puntos limpios para la recogida selectiva de residuos de origen domiciliario.