El Parlamento aprueba pedir una comisión bilateral Gobierno-Junta sobre Acuamed

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El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este jueves pedir a la Junta que demande al Gobierno central la creación, con carácter urgente, de una comisión bilateral entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la administración andaluza con el fin de auditar el uso que la empresa Acuamed haya podido hacer del dinero público destinado a las inversiones públicas de obras hidráulicas en Andalucía.

Así consta en el segundo punto de una proposición no de ley que el PSOE-A ha defendido en el Pleno y que ha salido adelante también con los votos a favor de Podemos, Ciudadanos e IULV-CA y el rechazo del PP-A a ese punto. Los mismos grupos han coincidido en aprobar también instar a la Junta a demandar información al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sobre la gestión de Acuamed en relación con las inversiones destinadas por parte de la administración andaluza para la cofinanciación de proyectos hidráulicos en esta comunidad, una propuesta en la que los ‘populares’ se han abstenido.

La iniciativa ha contado además con el respaldo unánime de los cinco grupos parlamentarios para el resto de su contenido, en el que se ha incorporado como adicional una de las dos enmiendas que ha presentado el PP-A y cuatro de Podemos. En virtud de la enmienda del PP-A, se insta al Gobierno a dar traslado a la Junta de los resultados de las actuaciones de una auditoría que Acuamed vaya a contratar con una empresa externa para la revisión e inspección de sus expedientes de contratación. En relación a las de Podemos, la primera de ellas solicita el establecimiento de “los instrumentos o mecanismos necesarios para recuperar los activos perdidos, en el caso de demostrarse la utilización fraudulenta de los fondos públicos destinados a inversiones de obras hidráulicas”. Una segunda enmienda reclama “establecer mecanismos de transparencia y seguimiento por parte de la ciudadanía en las contrataciones públicas, desde la fase inicial de contratación hasta el final de ejecución y certificación, con el fin de que se pueda conocer en todo momento el estado de ejecución, los costes reales de la obra y toda aquella información necesaria para hacer un seguimiento efectivo y eficaz de la inversión realizada. Asimismo, las restantes dos enmiendas de Podemos proponen añadir nuevos puntos para que el Parlamento andaluz inste al Consejo de Gobierno a “poner a disposición pública toda la información que facilite o haya facilitado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sobre la gestión de la empresa Acuamed en relación a las inversiones destinadas por la Junta de Andalucía a la cofinanciación de proyectos hidráulicas en la Comunidad Autónoma de Andalucía”, así como a “poner a disposición pública el resultado de la auditoría sobre el uso que la empresa Acuamed haya podido hacer de los fondos públicos destinados a inversiones en obras hidráulicas públicas en territorio andaluz”.

Operación Frontino

Esta iniciativa ha llegado después de que el juez Eloy Velasco haya comenzado a investigar el pago de sobornos por parte de grandes constructoras a exaltos cargos de la firma estatal Aguas de la Cuenca del Mediterráneo (Acuamed) implicados en la llamada Operación Frontino, que ha supuesto ya varios registros y detenciones. En el supuesto que se acredite que existen posibles casos de utilización fraudulenta de fondos públicos para la cofinanciación de obras hidráulicas en Andalucía, la PNL demanda que se reclamen responsabilidades a Acuamed y se ejerzan cuantas acciones legales sean procedentes para depurar dichas responsabilidades. Para defender la iniciativa, ha intervenido el diputado del PSOE-A Julio Millán, que ha subrayado que la investigación denominada ‘Caso Frontino’ a Acuamed, que lleva a cabo la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, se centra en una supuesta trama delictiva sobre la adjudicación fraudulenta de obras, falsificado de certificaciones y liquidaciones con el objetivo de aumentar significativamente las cantidades a abonar a las empresas adjudicatarias para aumentar los costes de las obras ejecutadas. Por lo que se refiere a Andalucía, Millán ha incidido en que la investigación judicial puede dejar en el aire el futuro de varios proyectos hidráulicos, entre ellos, en la provincias de Málaga, la conducción desde Pilones hasta la planta de El Atabal, y, en Almería, la desaladora de Caboneras al Valle de Almanzora y la nueva desaladora del Bajo Almanzora.

Igualmente, ha explicado que los Presupuestos Generales del Estado recogen una partida prevista de 40 millones para un listado de siete actuaciones comprometidas por Acuamed para la provincia de Málaga, y ha argumentado que esta PNL busca “defender” intereses de Andalucía.

Intervenciones de los grupos

El diputado del PP-A Jaime Raynaud ha calificado este asunto como “lamentable” y ha señalado que se trata de una trama que se empieza a tejer en 2007. En su opinión, con esta proposición no de ley se debe buscar el origen de lo ocurrido y toda la verdad, “no solo la verdad parcial que le puede interesar al PSOE”. Así, ha criticado que en dicha iniciativa se denuncien “hechos execrables, pero se omitan las fechas”, destacando que en 2010 y 2011 era el PSOE quien gobernaba en España. Raynaud, que ha pedido no tener una visión “cortoplacista” del asunto, ha considerado necesario la puesta en marcha de una auditoria integral desde el año 2004. “El que la haya hecho que la pague; trampa ninguna; proposiciones no de ley a medio leer, ninguna”, ha apuntado el diputado ‘popular’, quien ha pedido a los socialistas que no jueguen con “dos varas”. Por su parte, la diputada de Podemos Mercedes Barranco ha aprovechado su intervención para alertar de los efectos de la “lacra de la corrupción” en España, que ha provocado “un agujero negro” de millones de euros que “se podrían haber empleado en sanidad, educación o igualdad”, y, atendiendo al caso concreto de la Operación Frontino, ha incidido en que en ella se investigan supuestos delitos “relacionados con un bien fundamental para la vida como es el agua”. El parlamentario Carlos Hernández ha posicionado a Ciudadanos, y en su intervención ha manifestado que “nadie puede negarse a esta propuesta” porque “la lucha contra la corrupción es tarea de todos”, así como porque este caso puede “afectar a inversiones pendientes en Almería o Málaga” y, por tanto, “incide en la calidad de vida de malagueños y almerienses”. Por último, por parte de IULV-CA ha intervenido el diputado José Antonio Castro, que ha calificado como “muy pertinente” la iniciativa, porque con esta investigación “se ponen en solfa una serie de infraestructuras” en Andalucía, “algunas ya parcialmente realizadas y otras pendientes” de materialización. Además, ha aprovechado este caso para aseverar que “tan chorizo es el político que se presta” a prácticas de este tipo “como las empresas que están hasta el cuello” de las mismas “para obtener beneficios”.

Fuente: Europa Press