El PSOE le recuerda a Amat que los estatutos se están modificando de manera “irregular” y le piden que se siente a buscar otra solución.

El PSOE de Almería ha denunciado esta mañana el intento del equipo de Gobierno de la Diputación de incrementar el precio del agua “de manera brutal” en los municipios del Levante y el Almanzora en los que trabaja Galasa, mediante la modificación de los estatutos de la empresa pública que está impulsando. La secretaria de Política Municipal e Institucional del PSOE de Almería, Adela Segura, ha detallado que las tarifas que recogen los nuevos estatutos de Galasa suponen subidas de hasta el 175%, sobre las actuales. Sin realizar ningún consumo, los vecinos tendrán que pagar 39,60 euros, frente a los 14,37 euros actuales, lo que, a juicio de Segura, supone “un castigo totalmente injusto para las familias”.

Con los nuevos estatutos, las familias que consuman 16 metros cúbicos de agua pasarán a pagar una factura de 54,96 euros, frente a los 29,72 euros actuales, lo que supone una subida del 85%. Quienes consuman 33 metros cúbicos tendrán que abonar 85,28 euros, frente a los 57,93 euros actuales, lo que representa un incremento del 47%.

Adela Segura ha insistido en que el futuro de Galasa no puede pasar por “seguir metiendo la mano en el bolsillo de los ciudadanos” y ha instado a Gabriel Amat a que “se siente con los alcaldes afectados y busque otra solución”.

Problemas para la aprobación

La responsable de Política Municipal e Institucional del PSOE provincial también se ha referido a los problemas que está habiendo para que los ayuntamientos ratifiquen los nuevos estatutos de Galasa. Segura ha detallado las numerosas “irregularidades” que se están produciendo en este trámite y ha destacado que ni siquiera los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular han llegado a aprobar la primera versión de los nuevos estatutos, a pesar de que el plazo dado por la Diputación para hacerlo expiraba el 31 de julio del pasado año.

Los únicos que sí lo aprobaron en Pleno fueron los ayuntamientos de Pulpí, Garrucha y Taberno, aunque los acuerdos que tomaron ni siquiera tendrán validez, puesto que la Diputación ha elaborado unos nuevos estatutos, que está dando a conocer en reuniones informativas. Esta segunda versión de los estatutos ni siquiera ha sido aprobada por los órganos de gestión de Galasa (el consejo y la junta general de accionistas), pero la Diputación ya les ha dado un nuevo plazo a los ayuntamientos, para que antes de que finalice este mes de enero aclaren si van a aprobarlos en Pleno o quieren abandonar Galasa.

Condiciones abusivas

Detrás de esta “indecisión” de los ayuntamientos se encuentran, a juicio de Segura, las condiciones “abusivas” para los consistorios que incluyen los nuevos estatutos de la empresa pública.

En primer lugar, los ayuntamientos perderán la competencia para fijar las tarifas del agua y estarán obligados a cedérsela a Galasa, que establecerá tarifas unitarias para todos los municipios, sin tener en cuenta un elemento que fija la ley y que es tan necesario como la realización de un estudio de costes que tenga en cuenta las particularidades de cada municipio.

Esta decisión perjudicará especialmente a los municipios del Almanzora, que actualmente tienen tarifas propias, fijadas por cada uno de los ayuntamientos.

Deuda para todos

Además, a partir de ahora los municipios no podrán tener convenios de colaboración para la prestación de servicios –como es el caso de Serón– y tendrán que hacerse socios de Galasa, lo que supone asumir una parte proporcional de la deuda de esta empresa pública, que supera los 20,2 millones de euros. Se da la circunstancia, por otra parte, de que en ese ‘reparto proporcional’ de la deuda entre los municipios que pretende realizar el Partido Popular queda excluida la Diputación Provincial, que actualmente posee el 51% de las acciones de Galasa.

Por otra parte, también se impedirá que los ayuntamientos reciban de Galasa la prestación de servicios concretos, que es justamente lo que facilita la Ley de Autonomía Local en Andalucía (LAULA). Con los nuevos estatutos, los ayuntamientos tendrán que recibir de Galasa el servicio del ciclo integral del agua, lo que generaría problemas en municipios como Albox, que actualmente sólo recibe de Galasa el suministro de agua. Albox tiene subcontratado el ciclo integral del agua con una empresa privada, a la que tendría que indemnizar para poder rescindir el contrato. Lo mismo sucedería en Olula del Río, que tiene una situación similar a Albox.