Díaz: «Me da rabia y la Junta irá al límite legal para que la barbaridad del Algarrobico no siga adelante».

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha traslado su «rabia» ante la última sentencia que declara legal la licencia municipal de obras concedida en 2003 a Azata para construir el hotel de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), y ha avanzado que el Gobierno andaluz «ira al límite legal» para que una «barbaridad de este tipo no siga adelante».

Díaz, que ha mantenido un breve encuentro con los colectivos que integran la Plataforma ‘Desmontando El Algarrobico’ a su llegada al conjunto monumental de La Alcazaba de Almería para presidir el acto central del Milenio, ha lamentado, asimismo, haberse enterado «por los medios de comunicación» del fallo de la Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía «en un tema tan sensible como este y que la Junta debía haber conocido antes».

Tras recordar que «no es la primera» sentencia del Alto Tribunal andaluz que va en la línea de avalar el polémico hotel, ha considerado que va en «sentido contrario» al desarrollo sostenible de las Costas y la conservación del patrimonio natural y ha remarcado que la construcción del establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones «nunca debió ocurrir».

«Me da rabia y la Junta va a analizar la sentencia en profundidad para ir al límite legal y poner todos los recursos al alcance para que, en cuanto haya seguridad jurídica suficiente, poder derribar y que se dé cumplimiento al protocolo entre Junta y Gobierno central», ha afirmado.

Ha hecho alusión en este punto al derecho de retracto ejercido por la Junta andaluza en 2006 y validado por hasta tres fallos del TSJA pero ha recordado que dos de estas resoluciones han sido recurridas en casación al Tribunal Supremo (TS) por la empresa promotora.

Díaz ha subrayado que el Gobierno andaluz «ha intentado» hacerse con la propiedad del suelo sobre el que se asienta el hotel «depositando incluso el dinero» –2,3 millones de euros– pero ha matizado que su obligación es «cuidar del dinero de los andaluces».

«Tengo que esperar que, espero, el Supremo las ratifique y venga a poner orden en algo que es una barbaridad y ejemplo de lo que nunca debió ser construido en nuestra costa», ha señalado en respuesta a los colectivos ecologistas que le piden que ejecute el citado derecho de retracto.