Andalucía normalizará la situación de miles de viviendas irregulares con una nueva normativa

La Junta de Andalucía aprobará de forma inminente un decreto ley que posiblitará la regularización de miles de viviendas de la comunidad autónoma, principalmente las asentadas en núcleos establecidos pero sobre suelo no urbanizable. «Se van a regularizar pero nunca serán regulares sino que serán normalizadas, con servicios mínimos», advierten desde la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.

Estaba previsto que la nueva norma de adecuación ambiental y territorial se aprobara en el próximo Consejo de Gobierno de este martes para dar a conocer a ayuntamientos y propietarios qué tienen que hacer para regularizar sus inmuebles si cumplen «unos determinados requisitos», como no estar en zona protegida, y aplicando «una serie de medidas correctoras medioambientales». El decreto ley, que tendrá que esperar unos días más debido a que este martes se tramitarán de manera urgente ayudas para los afectados por la gota fría, derogará además dos leyes (de 2016 y 2018) y el decreto de 2012 promovido por el entonces presidente José Antonio Griñán y que aspiraba a la regularización de unas 20.000 viviendas.

No se sabe el número exacto

¿Cuántos inmuebles serán ahora los afectados por esta nueva normativa? La Junta no se moja. «Al ser irregulares, no hay constancia de ellos en ninguna parte. Son los ayuntamientos los que saben dónde están, pero no la Junta», añaden las fuentes de la Consejería. El decreto ley no afectará en cualquier caso a todas las viviendas irregulares de Andalucía, como a las que están en zona inundable o medioambientalmente protegida, sino «sobre todo a viviendas que estén en urbanizaciones, en asentamientos», casos de construcciones de Carmona (Sevilla), Almería, Córdoba o Chiclana de la Frontera (Cádiz), a las que se les podrá aplicar el régimen de asimilado al de fuera de ordenación (AFO) «para tener los servicios mínimos» (abastecimiento y depuración de aguas, electricidad y gestión de residuos), apuntan las fuentes, que insisten en que el decreto «no supone café para todos».

La declaración AFO se planteará también en casos en los que no se actuó anteriormente, como en el de los asentamientos en suelo no urbanizable, según anunció la Junta a finales de mayo, cuando el Consejo de Gobierno acordó instar a la Consejería a «iniciar cuantas actuaciones sean necesarias en relación con la problemática de las viviendas irregulares en suelo rústico, hasta tanto se apruebe la nueva ley en materia de urbanismo y suelo de Andalucía».

Planes especiales, no generales

La Junta acusa a los anteriores gobiernos del PSOE de «mirar para otro lado» en esta materia durante sus mandatos. Lo cierto es que el Parlamento aprobó en abril de 2018 modificar por decimosegunda vez la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que data de 2002, pero ahora el gobierno de PP y Ciudadanos trabaja en una nueva ley para «reforzar las competencias urbanísticas de los municipios en la aprobación de los instrumentos de planeamiento», según anunció la Junta el pasado mayo.

En ese sentido, el decreto ley también abordará la posibilidad de que la regularización de viviendas llegue a través de «planes especiales» en lugar de los planes generales «que tardan demasiado en su tramitación», indican las fuentes.

Fuente: Eldiario